En un mundo en el cual la digitalización es cada vez mayor, Los países de América Latina deben empezar a plantear políticas públicas que acompañen estas nuevas tendencias para que las empresas puedan competir de manera satisfactoria con el mercado internacional.
Rubros como las Salud y el campo se apoyan cada vez más en sistemas de intercambio de datos masivos que en el primer mundo ya funcionan bajo un marco regulatorio. Este intercambio de datos entre todos los actores de la cadena de producción permite mejorar la eficacia y calidad de los servicios proveídos.
Según un estudio realizado y hecho público por Naciones Unidas, sólo 5 países de Latinoamérica están entre los 50 más digitalizados del mundo.
Esto se debe a que las empresas latinoamericanas y muchos servicios públicos, que dependen de gobiernos locales, presentan significativas brechas en la adopción de tecnologías digitales como Big Data, computación en la nube y sistemas para relacionarse con los clientes.
Otro de los principales problemas que enfrenta América Latina es la falta de conocimientos, que viene derivada de una educación y preparación digital que no está a la misma altura que el estándar de los países de vanguardia.
Para que Latinoamérica consiga equipararse con las regiones más digitalmente avanzadas, los gobiernos de los países de la región deberán llevar adelante políticas públicas que fomenten la adopción de estas tecnologías por parte del sector privado.
Estas políticas públicas deben direccionarse a la generación e implementación de una infraestructura de conectividad para que las empresas puedan tener datos abiertos y fiables que sean acompañados por un marco regulatorio que asegure la transparencia de esta información.
Otro de los puntos importantes que se deben tener en cuenta dentro de estas políticas públicas, son las PyMES. Se debe acompañar en este proceso a estas empresas porque serán quienes a futuro traigan las ideas innovadoras que mejorarán la calidad de los servicios tecnológicos de los países.
El éxito de esta iniciativa para los países de América Latina dependerá de políticas integrales, que adopten elementos de oferta y demanda, y que promuevan un diálogo constante entre el sector público y privado.
